La República de Colombia, es conocida como uno de los países latinoamericanos con mayor biodiversidad, diversidad étnica y riqueza cultural, pero a su vez y desafortunadamente, también es conocida internacionalmente por uno de los países con más casos de vulneración de los derechos humanos y con un alto nivel de casos de impunidad. Una práctica habitual en el devenir del país. Los campos florícolas de Colombia y el conflicto armado de los últimos 50 años en el país no son hechos independientes.

Las empresas transnacionales han ejercido sobre el país, y siguen hacíendolo, distintos poderes (económicos, políticos, jurídicos y sociales) con el objetivo de localizar sus empresas filiales, las grandes corporaciones del sector floricultor, entre ellas. Colombia en este sentido, no se excluye de las políticas neoliberales capitalistas.

Es un hecho cuando un Estado como Colombia que se ha visto fracturado y débil por una trayectoria política protagonizada por un conflicto armado durante 50 años consecutivos, que se termine aplicando en sus políticas la famosa Doctrina del Shock. [1] Políticas que favorecen a las grandes corporaciones, imponiéndose en la cumbre de la OMC, aunque a menudo contra la voluntad de los países desfavorecidos, en este caso Colombia, bajo la amenaza de negarles los préstamos del FMI si se oponen a ellas. Una vez más, se da paso a las tres grandes medidas habituales: privatización, desregulación gubernamental y recortes en el gasto social. Este tipo de medidas, se pueden identificar en la forma en la que el gobierno colombiano ha aplicado la ley para la gestión de las tierras que han sido expropiadas forzosamente a lo largo del conflicto armado.

En 2015, según el Plan Nacional de Desarrollo, se recoge que la Ley 1753, contiene varias condiciones que podrían permitir que las empresas mineras y otros intereses económicos obtuvieran la propiedad legal de tierras que podrían haber sido objeto de apropiación ilícita, mediante crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidos en el curso del largo conflicto armado.

Hecho que impediría el derecho de muchos ocupantes legítimos de estas tierras a reclamar la propiedad sobre ellas. Durante el transcurso del conflicto, aproximadamente 8 millones de hectáreas de tierras han sido adquiridas ilegalmente a comunidades en su mayoría indígenas, afrodescendientes y campesinas.

Desde 1985, 6 millones de personas se han visto obligadas a marcharse de sus casas y tierras, principalmente a consecuencia del conflicto armado. Pero el hecho reside en que la mayoría de estas tierras, se han aprovechado para el desarrollo de proyectos agroindustriales, mineros, petroleros o de infraestructuras.

En la mayoría de estos casos y para que esto sea posible, las comunidades civiles que viven en esa zona de interés económico, han sido desplazadas forzosamente por parte de los grupos paramilitares, fuerzas de seguridad, y en ocasiones, con el apoyo activo de empresas (terratenientes o inversoras). En el mismo año, el Congreso colombiano aprobó la Ley 1776, que creaba grandes proyectos agroindustriales denominados Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES).

Sin embargo, la implantación de la floricultura en Colombia junto a la de Ecuador, se remonta a la década de los años sesenta y setenta. En ese periodo, grandes corporaciones americanas detectaron una oportunidad de negocio relocalizando la actividad intensiva de la floricultura en Colombia, sobre todo, debido al bajo coste salarial, el abaratamiento del transporte rápido y los avances tecnológicos, que hacían en aquel entonces, un país atractivo para la inversión extranjera directa. Particularmente, en el sector agropecuario.

La actividad industrial de la floricultura se ha concentrado principalmente en dos regiones, por un lado, en el norte-este del país en la región de Antioquia alrededor de la ciudad de Medellín, y por el otro, en la región de Cundinamarca junto a la capital de Bogotá, conocido también como Sabana de Bogotá. Ambas zonas, han sido durante los últimos 60 años, las responsables del sector floricultor mediante la siembra y producción del 95% de las flores. Según datos del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) de Colombia, actualmente hay 7.533 hectáreas cultivadas y dedicadas al corte de flores frescas para la exportación.

Aunque los cultivos de flores tradicionalmente han estado concentrados en ambas regiones, desde el año 2015, han aparecido Boyacá y Córdoba como novedades en el paisaje de la agroindustria, por ser regiones cercanas a aeropuertos como el Dorado y Rionegro, con condiciones medioambientales adecuadas, altura óptima, tierras fértiles y con acceso a recursos acuíferos, así como una gran disponibilidad de mano de obra barata.

Las siete mil hectáreas de cultivo de flores frescas para la exportación internacional comparten junto al café y el petróleo, un papel protagonista en la economía colombiana.

[1] La Doctrina del Shock trata sobre: “un nuevo método de las empresas transnacionales para lograr sus objetivos: aprovechar momentos de trauma colectivo (ya sea por ocupación militar de una potencia extranjera después de una invasión, después de una catástrofe natural, una crisis política y económica) para dar pistoletazo de salida a reformas económicas y sociales de corte radical. Es decir, un cambio radical en la forma en que la “liberación” de mercados se desarrolla en todo el mundo”.